Las banderas ondean a media asta en toda Sudáfrica y algunas angustiadas familias siguen esperando las listas de fallecidos para descubrir si sus seres queridos figuran entre las víctimas, pero la empresa británica Lonmin no entiende de lutos. Cuatro días después de la matanza de 34 mineros a manos de la Policía en el yacimiento de Marikana, la compañía ha dado un ultimátum a sus empleados en huelga: si no se presentan hoy en sus puestos de trabajo serán directamente despedidos.
Ayer ya se reabrió esta mina de platino, pero solo bajó al pozo un 27 por ciento de la plantilla y la producción diaria fue «prácticamente insignificante», según la propia dirección. De hecho, medios locales desvelaron que muchos de estos trabajadores habían sido contratados pocas horas antes para aparentar cierta normalidad.
Aun así alrededor de 3.000 huelguistas todavía continúan acampados en las inmediaciones del yacimiento pidiendo un aumento salarial, de los 4.000 rands (393 euros) que cobran a los 12.500 rands (1.230 euros) que exigen para poder abandonar las chabolas donde ahora sobreviven. La principal organización de trabajadores y los gestores de la explotación afirmaron ante la prensa que la mayoría quiere volver al trabajo.
Pero la considerada peor tragedia desde el final del ‘apartheid’, en 1994, puede tener importantes consecuencias políticas. Las voces críticas contra el actual jefe de Estado sudafricano, Jacob Zuma, se han multiplicado. Ya no es nuestro presidente, recalcó Julius Malema, líder de las juventudes del CNA hasta el pasado mes de abril.